Crisis económica e inmigración

1 – ¿Por qué nos parece necesario hablar del binomio crisis económica-inmigración?

A uno de enero de 2008, en el conjunto del Estado había 5,22 millones de extranjeros y extranjeras empadronados, que representan el 11,3% por ciento de la población. De ese total, 2,1 millones son comunitarios y el resto, 3,1 millones, extracomunitarios. Del total de la población extranjera empadronada, 4.274.821 personas tenían autorización de residencia, certificado de registro (1) o autorización de estancia por estudios (2) a fecha 30 de septiembre de 2008. El resto, un millón largo, están en situación irregular o en fase de renovación de sus permisos.

El 15% de la población extranjera empadronada es menor de 16 años, el 63,9% tiene entre 16 y 45 años y el 21,2% tiene 45 o más años. En cambio, la población de nacionalidad española está distribuida de la siguiente manera: el 15,4% tiene menos de 16 años, el 41,3% tiene entre 16 y 45 años y el 43,3% tiene 45 o más años. Vemos que el porcentaje de población extranjera en edad de trabajar es sensiblemente superior a la que tiene nacionalidad española.

En la CAPV el número de personas extranjeras empadronadas, a uno de enero de 2008, ascendía 116.650, lo que representa el 5,4% de la población. En Navarra, en la misma fecha, había 64.518 personas extranjeras empadronadas, que representan el 10,4% de la población. La pirámide de población extranjera en la CAPV y en Navarra es muy parecida a la del conjunto del Estado.

A 30 de septiembre de 2008, el número de personas con autorización de residencia o certificado de registro ascendía en la CAPV a 91.634 (44.850 en Vizcaya, 25.874 en Guipúzcoa y 20.910 en Álava). En Navarra ascendía a 54.633 personas.

En el conjunto del Estado, el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en octubre de 2008 ascendía a 2.088.657, de las que el 72% están en el régimen general, el 11,2% en el régimen de autónomos, el 8,5% en el agrario, el 8% en el de empleadas de hogar, el 0,27% en el del mar y el 0,04% en la minería del carbón.

En la CAPV el 5,6% de los afiliados y afiliadas a la Seguridad Social son personas extranjeras. En Navarra, el 11,4%.

Con los escuetos datos que hemos presentado más arriba, queremos resaltar varias cuestiones:

Que la población extranjera tiene un peso muy importante en el conjunto de la población del Estado, aunque su reparto por Comunidades Autónomas sea desigual.
Que la mayoría de la población extranjera está en edad de trabajar, por lo que le afecta mucho la evolución del mercado de trabajo.
Que su aporte a la Seguridad Social es muy significativo (3)
Que los 3,1 millones de personas extracomunitarias tienen una situación especial, pues, además de sufrir como cualquier trabajador o trabajadora los vaivenes del mercado de trabajo, dependen de un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente.

En cuanto a la crisis, nadie duda de que es muy profunda, y que cuestiona algunos de los cimientos y dogmas sobre los que se ha asentado el capitalismo en las últimas décadas. Nadie sabe con exactitud como se recompondrá el sistema, aunque da la impresión de que lo que se reforme no implicará una puesta en cuestión radical del mismo. Se abre una nueva fase de reequilibrio, en la que los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su origen nacional, van a estar interesadas en que se eviten retrocesos en sus derechos sociales y laborales, en evitar que aumente la precariedad laboral, y se consoliden la inseguridad, la incertidumbre y el estancamiento.

2 – ¿Cómo está afectando esta crisis económica a los trabajadores y trabajadoras?

La crisis tiene una dimensión internacional, pero su impacto en cada país es particular, según sus condicionantes internos, los puntos fuertes y débiles de la economía de cada país y de la gestión de la misma que hace cada gobierno.

Centrándonos en el ámbito socio laboral del conjunto del Estado resaltaríamos las siguientes cuestiones:

Se ha frenado la creación de empleo, que era una de las características de los últimos años. En los últimos trece años se han creado 8 millones de empleos en el conjunto de España.
Está aumentando el desempleo. En el segundo trimestre de 2008, la tasa de desempleo llegaba al 10,44% de la población activa, con una previsión del 12,5% para 2009 hecha por el propio Gobierno. A finales de junio el número total de personas desempleadas ascendía a 2,38 millones, 621.000 más que hace un año. En octubre de 2008, el número de trabajadores y trabajadoras extranjeros inscritos en el INEM ascendía a 323.300, un 85,6% más que el año anterior
Aumento de las situaciones de exclusión grave. Cada vez mas personas recurren a servicios de urgencia: Banco de Alimentos, Comedores de Caritas, Albergues etc.
Aumenta la precariedad laboral. La precariedad laboral afecta en torno al 40% de la población trabajadora, asalariada y desempleada. La temporalidad, los contratos por tiempo cierto, a tiempo parcial, etc, sigue siendo muy alta.
Aumenta la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (E.R.E.s), muchos de ellos muy dudosos, según denuncian los sindicatos y, en algún caso, hasta el Ministerio de Trabajo.
Reivindicaciones relacionadas con los salarios, tiempo de trabajo, condiciones de trabajo…tienden a quedar en segundo plano, como si en esta situación fuese obsceno plantearlas. La situación apunta a que el Gobierno adopte un conjunto de medidas, entre las que se encuentra eso de “no imponer recortes sociales”. A cambio, se pide a la patronal y a los sindicatos que no estiren cada uno por su lado.

3 – ¿Y cómo afecta a los trabajadores y trabajadoras extranjeras?

Por un lado, como a cualquier otro trabajador o trabajadora. En su condición de trabajadores están sujetos a los mismos problemas que cualquiera, especialmente en lo que hace al aumento del desempleo y de la precariedad laboral, aunque en unos porcentajes superiores. (4)

Por otro lado, y específicamente, los trabajadores y trabajadoras extracomunitarias están sujetos a un permiso de trabajo, un permiso que hay que conseguir y renovar cumpliendo unas condiciones:

Cotizar un determinado tiempo durante la vigencia del permiso
Disponer de contrato de trabajo en el momento de la renovación

Si no se cumplen esas dos condiciones se deniega la renovación del permiso de trabajo, lo que tiene como consecuencia inmediata la denegación de la autorización de residencia y la imposición de una diligencia de salida obligatoria para que abandone el país en el plazo de quince días.

Por tanto, las trabajadoras y trabajadores extracomunitarios, además de las dificultades derivadas de los vaivenes del mercado de trabajo, tienen unos problemas de orden administrativo que les son específicos, propios, particulares, que hacen mucho más difícil su situación. En su caso, esas dos dificultades, la derivada de los vaivenes del mercado de trabajo y la de orden administrativo, se alimentan mutuamente, precarizando el conjunto de su situación, incluida la posibilidad de trabajar legalmente.

4 – ¿Se están produciendo muchas denegaciones de renovación de los permisos de trabajo?

Si, indudablemente. Era un fenómeno visible ya durante 2007, que ha aumentado mucho durante el año 2008 y previsiblemente lo hará también durante 2009.

Los motivos para la denegación de la renovación son de varios tipos. Los principales son:

No tener cotizado el período mínimo necesario para renovar que, como regla general, se establece en seis meses por año.
No tener un contrato de trabajo o un contrato que garantice la continuidad de la relación laboral en el momento de renovar.
Que la empresa que ha hecho el contrato que se utiliza para renovar no disponga de los medios suficientes para garantizar las obligaciones derivadas del contrato, el pago de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Que la empresa que ha hecho el contrato que se utiliza para renovar tenga problemas de descubiertos con la Seguridad Social o algún problema con Hacienda.
Que el contrato de trabajo con el que se pretende la renovación no garantiza la obtención de un salario igual o superior al mínimo interprofesional.

Los principales, de todas las maneras, son los dos primeros y, más específicamente, el primero. (5)

5 – ¿Qué muestra esa dificultad para renovar los permisos de trabajo?

Pues, que una parte significativa de los trabajadores y trabajadoras extracomunitarias están, desgraciadamente, instalados en esa franja de precariedad laboral que hemos comentado más arriba.

Las dificultades más grandes se dan entre las personas que tienen que abordar la primera y la segunda renovación, que son permisos de dos años. Para renovar, el Reglamento de Extranjería establece tres posibilidades:

Que haya continuidad de la relación laboral. Aquí no habría problema de cotizaciones. El trabajo sería estable y la cotización continuada.
Que, como mínimo, se haya cotizado seis meses por año.
Que, si no se llega a seis meses, se hayan cotizado tres por año. Pero, en este caso, se exige que se cumplan las siguientes condiciones:

 Que la rescisión del contrato que dio origen al permiso no sea por voluntad del trabajador. Por tanto, que sea por despido o por rescisión obligada por el empresario.
 Que el trabajador o la trabajadora haya buscado activamente empleo, inscribiéndose en el INEM y en LANBIDE, asistiendo a sus cursos, e inscribiéndose en entidades de ayuda a la búsqueda de empleo de carácter privado pero subvencionadas con dinero público.

Nos estamos encontrando con personas que no llegan a cotizar seis meses por año, aunque, en bastantes casos, sí sobrepasan los tres por año. El problema es que, en no pocos de estos últimos casos, hay dificultades para demostrar que la rescisión del contrato fue impuesta por el empresario, pues se ha notificado a la Tesorería de la Seguridad Social como baja voluntaria del trabajador.

En cualquier caso, una persona que está en la franja tres o seis meses de cotización por año, está instalada en una fuerte, muy fuerte precariedad laboral.

6 – ¿Si no cotizan, es que no trabajan?

No. Ni mucho menos. En muchos casos continúan trabajando, pero solo consiguen trabajos en economía sumergida, con ingresos suficientes para sobrevivir precariamente, pero sin alta en la Seguridad Social. Se combina trabajo legal con trabajo irregular, o períodos de trabajo legal con períodos de trabajo irregular.

Otro fenómeno a tener en cuenta es el de la competencia dentro de la precariedad. Se da cada vez más entre trabajadoras del servicio doméstico, especialmente entre las que trabajan como discontinuas. El aumento de la precariedad está contribuyendo a rebajar o a presionar a la baja el valor de la hora de trabajo, lo que afecta especialmente a las personas que tienen permiso de trabajo y habían conseguido una cierta estabilidad administrativa, lo que les permitía exigir un determinado precio hora a los empleadores. Eso se está rompiendo, y los empleadores tiran de los salarios a la baja. Al ser un trabajo muy atomizado, no es fácil organizar la resistencia.

En otros casos, se ve bastante en la construcción, los empresarios, especialmente pequeños empresarios, presionan a los trabajadores para que se conviertan en autónomos. Se les plantea que el salario y la cotización les cuesta demasiado, pero que si se dan de alta de autónomos les garantizarán el trabajo. Aparte de lo engañoso que es el planteamiento en la inmensa mayoría de los casos, el problema es que un trabajador extranjero no puede pasar de ser trabajador por cuenta ajena a cuenta propia cuando él quiera, pues los permisos de trabajo le condicionan. Para trabajar como autónomo hay que pedir la modificación del permiso de trabajo, y presentar un plan de viabilidad de la empresa que se va a constituir, que tiene que ser aceptado por la Subdelegación del Gobierno.

Y en otros hay pura y simplemente fraude empresarial. Están aumentado las situaciones de empresarios que hacen contratos, sobre todo iniciales, a sabiendas de que se van a rescindir en un plazo corto de tiempo, una vez acabada la urgencia de su trabajo. Y aumentan las situaciones en las que los empresarios piden dinero para renovar los contratos o les exigen contribuir en el coste de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social.

Las situaciones de precariedad laboral y administrativa son propicias al aumento del fraude empresarial y a la explotación descarada, y no es fácil pelear contra ello. Algunos empresarios sin escrúpulos saben de la angustia de los trabajadores y trabajadoras extranjeras cuando tienen que renovar sus permisos, y se aprovechan de ello.

7 – ¿Y que pasa con las personas que van al paro?

Si tienen cotizaciones suficientes, tienen derecho a percibir la prestación que les corresponda, como cualquier otro trabajador o trabajadora.

Si en el momento en el que les toca renovar el permiso están en el paro y perciben una prestación contributiva, el permiso se renueva por el tiempo de la prestación. Por tanto, al fin de la prestación tendrán que presentar un nuevo contrato para renovar el permiso. Si la prestación es corta, de cuatro meses por ejemplo, para lo que habrá tenido que cotizar un año, la renovación por ese tiempo es muy angustiosa, pues en un espacio muy corto tendrá que presentar un contrato y, en estos momentos, no es fácil conseguirlo.

Por otro lado, la ley no es nada clara con el subsidio de desempleo y, al no haber una norma general, como en el caso de la prestación contributiva, cada caso es cada caso.

8 – ¿Y si no pueden renovar el permiso de trabajo y residencia, que pasa?

De entrada, se quedan sin permiso y con una diligencia de salida obligatoria del país. En la práctica, se dan tres tipos de situaciones:
Las personas que no pueden renovar el permiso de trabajo y residencia y se quedan en la irregularidad y con una diligencia de salida obligatoria.
Las personas que pueden renovar solo el permiso de residencia, bien porque están casadas y su pareja tiene autorización de trabajo y residencia en vigor y dispone de medios de vida; bien porque al quedarse sin trabajo están percibiendo la prestación de Renta Básica en el momento de la renovación.
Las personas que no pueden renovar el permiso de trabajo y residencia, pero que pueden cumplir las condiciones para volver a pedir un permiso por circunstancias excepcionales, por arraigo social. En este caso es como si el contador se pusiese a cero, pues vuelven a pedir un permiso de un año.
En cualquier caso, la denegación de la renovación del permiso de trabajo lleva aparejada la pérdida de la posibilidad de trabajar legalmente, aunque en algunos casos pueda ser recuperada por la vía del arraigo social, pero con una evidente pérdida, pues es como si se perdiese la antigüedad, teniendo que empezar de nuevo todo el ciclo de los permisos, un año, dos años, dos años y permanente

9 -¿Cómo valoramos la política de retorno de inmigrantes impulsada por el Ministerio de Trabajo?

De hecho, habría que hablar de una doble política de retorno.

Por un lado, la que ya estaba recogida en la Ley de Extranjería, en la disposición adicional octava.

Por otro, la que se ha puesto en marcha ahora, regulada por el Real Decreto 4/2008

La primera respondía más, en la práctica, a las situaciones de extrema necesidad, a ayudar a volver al país de origen a personas que no tenían medios ni para pagarse el pasaje.

La segunda está diseñada para responder, según el Ministerio de Trabajo, a la actual situación de crisis económica.

Esta última consiste, en el fondo, en un sistema de capitalización del desempleo. Al trabajador o trabajadora extranjera extracomunitaria que teniendo derecho a cobrar la prestación contributiva del desempleo quisiese volver a su país de origen, se le capitaliza la prestación que tiene derecho a cobrar, se le paga en dos pedazos: un 40% aquí, en el momento de aprobar el expediente, y el 60% restante en el país de origen, en el Consulado de España que corresponda a su domicilio, en un plazo de treinta días, que puede prolongarse hasta noventa.

Por tanto, lo primero que resalta son sus limitaciones:

Solo podrán acogerse las personas que hayan trabajado y cotizado en un régimen de la Seguridad Social que tenga prestación de desempleo. Quedan excluidas las personas encuadradas en los regímenes que no cotizan al desempleo: empleadas de hogar y autónomos.
El plan solo es aplicable a las personas que provienen de países que tienen convenios de Seguridad Social con España, en los haya un sistema de cómputo recíproco de cotizaciones. Esos países son actualmente 19: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Rusia, Filipinas, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Como se ve, quedan excluidos todos los africanos, salvo los marroquíes. También quedan excluidos los chinos y quienes provengan de Centro América.
Es difícil utilizar este sistema si las prestaciones de desempleo son de cuatro u ocho meses, para lo que ha tenido que haber cotizaciones de doce o veinticuatro meses, pues el dinero a capitalizar no es mucho

Además de la capitalización se contemplan ayudas para el gasto de viaje y otros complementos menores, aunque el texto del Real Decreto es extremadamente ambiguo a este respecto, pues habla de que el Ministerio de Trabajo “podrá” establecer ayudas “dentro de sus disponibilidades presupuestarias”

Por otro lado, están las propias ambigüedades y lagunas que hay en el texto que regula esta política. Hay demasiada promesa y pocas garantías de su cumplimiento, sobre todo si transcurridos tres años deciden volver a España.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que todas las políticas de retorno se enfrentan a muchos problemas:

Aquí se pueden encontrar mal, ¿pero que expectativas tienen en el país de origen?. Si esas expectativas no son buenas es harto complicado volver. Es muy difícil volver a situaciones que pueden ser tan o más inseguras que las de aquí, máxime si se tiene que renunciar a volver en un período de tres años. España puede estar atravesando por una crisis más o menos importante, pero tiene muchos más instrumentos de protección que cualquier país de emigración.
Situaciones personales y familiares muy diversas; personas que han adquirido la nacionalidad española; hijos nacidos en España con nacionalidad española presunta; hijos e hijas escolarizadas aquí y que ya fueron protagonistas de un proceso anterior de reagrupación familiar y que tienen escasos vínculos con el país de origen de sus padres; titulares de un permiso de residencia permanente que ha costado tanto conseguir y mantener; unidades familiares en las que uno de los cónyuges tiene permiso de residencia, etc, etc.

Todo ello hace que las expectativas del propio Gobierno sean muy pequeñas, entre 10.000 a 15.000 personas al año. Por otro lado, las encuestas que se están haciendo entre extranjeros extracomunitarios van dando unas cifras muy altas de desconfianza en las promesas del Gobierno y escaso interés efectivo por el retorno.

10 -¿Pueden tener las políticas de retorno efectos perversos, tal vez no deseados por quienes las ponen en marcha?

Según como se gestionen las políticas de retorno, cómo se insista en ellas, cómo se expliquen, con qué se relacionen, suelen tener, muy a menudo, efectos perversos que conviene tenerlos en cuenta:

Aumenta el número de personas que se agarra al clavo ardiendo de que sobra gente, de que los extranjeros en paro tienen que irse y dejar el espacio que ocupan libre, para que pueda ser ocupado por un autóctono.
En los sectores autóctonos más golpeados por la crisis crece la idea de que las prestaciones sociales se tienen que repartir entre demasiada gente y que si unos se van queda más para los que se quedan. Se hace valer el capital biológico, el ser de aquí, y se le pide al Estado un tipo de protección especial.
Se liga de forma simplista y demagógica paro con inmigración, y se hacen ecuaciones simples: hay tantos parados y tantos inmigrantes, y si se van unos queda más sitio para los otros y habrá menos paro. Es una ecuación rematadamente falsa, pero tiene efectos.
Consumen prestaciones que, si se fuesen, podrían ser repartidas entre más autóctonos o a cada uno le tocaría más. Ecuación tan falsa como la anterior, pero que también funciona
Siempre se empieza diciendo que las políticas de retorno son voluntarias, y eso está bien. El problema empieza cuando de voluntario se va convirtiendo en casi obligatorio o en obligatorio, debido a una presión social creciente.

Que señalemos estos problemas en las políticas de retorno no quita para que quien quiera acogerse a ellas, bien porque calcula que le son positivas o porque no le queda más remedio, reciba todo nuestro apoyo

11 – ¿Y para evitar lo anterior?

Hay que insistir en las políticas de igualdad, de igualdad de derechos e igualdad de trato en todo lo que tenga que ver con las medidas que se tomen para combatir el paro y la precariedad laboral. Las políticas sociales y laborales que se pongan en marcha en este tiempo de crisis tienen que ser para la totalidad de la población, sin distinción de nacionalidades.

Hay que rechazar la ideas y los deslizamientos hacia la defensa de la prioridad nacional, como desgraciadamente vemos en algún ministro del Gobierno. Son malas, rematadamente malas, posturas como la expresada por José Antonio Alonso, Portavoz del Gobierno Socialista en el Congreso de los Diputados: “Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad” (6) Este tipo de ideas deben ser denunciadas y combatidas a fondo.

Hoy por hoy el movimiento sindical está expresando ideas de tipo igualitario, y nos parece necesario que continúe haciéndolo. No hay que olvidar que la xenofobia también anida entre los trabajadores y las trabajadoras, y que estos tiempos de crisis son propicios para que se exprese.

12 – ¿Y cómo afecta la crisis en la mentalidad de la gente, entre los trabajadores y las trabajadoras?

Es una de las cuestiones sobre las que tenemos que estar muy atentos. Los tiempos de crisis son propicios a los cambios de mentalidad. La gente se preocupa más por sus problemas socioeconómicos y sus temores e incertidumbres aumentan. Esa desconfianza se puede traducir en aumento de frustración y malestar entre las personas más afectadas por la crisis, canalizada en contra de personas extranjeras, que en muchísimos casos están tan mal o peor que ellas. Se pueden producir bloqueos en la integración social de la población extranjera extracomunitaria y en una parte de la comunitaria, y aumento de las tendencias xenófobas.

Todo esto, obviamente, está por ver, aunque algunos datos de las encuestas del CIS apuntan ya en esa dirección, y las políticas que empiezan a avanzar algunos partidos, especialmente el Partido Popular y Coalición Canaria, y las declaraciones irresponsables de algunos políticos con responsabilidades (como la que más arriba hemos citado de José Antonio Alonso), lo favorecen. (7)

La experiencia de otros países de la Unión Europea, con más larga tradición que la nuestra en materia de inmigración, nos muestra que hay que prestar atención al problema. En Francia, por ejemplo, donde los trabajadoras y trabajadores laboralmente más precarizados fueron atraídos por el voto de la extrema derecha xenófoba representada por el Frente Nacional desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado hasta las últimas elecciones presidenciales, hasta constituir una parte muy importante del electorado de ese partido.

Ahora bien, también vemos por esa experiencia que, además de las ideas, están las realidades sociales y las políticas sociales, y que hay que actuar en los dos terrenos, y muy especialmente en el de las realidades y las políticas sociales.

El Gobierno del Estado viene insistiendo en que no habrá recortes sociales y lo mismo dice el Gobierno de la CAPV, aunque los borradores de nuevas normas sobre prestaciones sociales básicas nos crean bastante preocupación. Hoy por hoy vemos que el gasto total en protección social en España es sensiblemente inferior a la media europea, tanto a la Europa de los quince como a la Europa de los 27. Según los datos de EUROSTAD del año 2005, últimos disponibles, el gasto total en protección social en la UE-15 fue del 27,8% del Producto Interior Bruto (PIB) y en la UE-27 el 27,2%. Ese gasto en España, fue del 20,6% del PIB. El gasto social anual por habitante en España asciende a 3.165 euros, el 54,9% de la UE-15 y el 67,6% de la UE-27.

Por tanto, parece que hay un amplio terreno de mejora, aunque, por los equilibrios que vemos en las propuestas que se avanzan (fiscales y otras), y a pesar de las repetidas declaraciones de no imponer reformas sociales y laborales duras, contribuir al diálogo social y mantener las políticas sociales, hay más bien un importante espacio para la desconfianza.

13 – ¿Por último, que propuestas podemos ir avanzando?

Algunas las hemos planteado más arriba, sobre todo en lo que hace a la posición de fondo, favorable a la igualdad de derechos, igualdad de trato y abarcar al conjunto de la población trabajadora independientemente del origen nacional.

Concretando más y teniendo en cuenta las especificidades que hemos señalado más arriba, sobre todo en lo que hace a la precariedad laboral y a las denegaciones de renovación de los permisos de trabajo y residencia, y los argumentos que utiliza la Administración para denegar, plantearíamos las siguientes:

Exigencia de igualdad de derechos y de trato en todo lo que tenga que ver con las medidas contra el paro y la precariedad laboral.
No a los criterios de preferencia nacional
A la hora de renovar los permisos de trabajo, prioridad al hecho de tener un contrato de trabajo o una oferta de empleo firme.
Que los períodos de paro contributivo que haya podido haber en el transcurso de la vigencia de un permiso de trabajo se contabilicen como período trabajado para calcular el período de carencia a efectos de renovación del permiso, ya que es una situación asimilada al alta a todos los efectos.
Que se reconozca como búsqueda activa de empleo los cursos realizados durante la vigencia del permiso que se pretende renovar, aunque sean de carácter privado o realizados con entidades que no cuentan con subvenciones públicas.
No a la apertura de procedimientos de expulsión por estancia irregular a personas que están a punto de solicitar su regularización por arraigo social.
Que los abogados del Estado no recurran a los Tribunales Superiores de Justicia las sentencias de instancia que sustituyen la expulsión por el pago de una multa, en los casos en que impidan la regularización por la vía de arraigo social de la persona afectada.

Notas:

(1)Las personas provenientes de la Unión Europea tienen, en lugar de una tarjeta de residencia, un Certificado de Registro.
(2)Los y las estudiantes no tienen una tarjeta de residencia, sino una autorización de estancia por estudios.
(3)Según las estimaciones del Gobierno del Estado, los trabajadores y trabajadoras extranjeras en España han contribuido al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en un 30% en la última década, y su contribución al sistema de Seguridad Social ha sido determinante para afianzar la solidez financiera del sistema, permitiendo retrasar en unos ocho años la fecha en que en teoría habría entrado en crisis, de 2015 a 2023.
(4)En el segundo trimestre de 2008 la tasa de desempleo global era del 10,44% de la población activa, tasa que subirá al 12,5% en 2009, según las previsiones del propio Gobierno, en total 2,38 millones de personas desempleadas. Según los datos publicados en el suplemento económico del Diario Vasco del 9-11-2008, el desempleo entre los extranjeros se acerca al 20%. Según la EPA (Encuesta de Población Activa) del tercer trimestre de 2008 el número de extranjeros desempleados asciende a 623.000, un 64% más que los que había en el tercer trimestre de 2007 (Suplemento económico del Diario Vasco, pagina 2, 9-11-2008)
(5)Además del periodo mínimo, en algunas ocasiones está el problema de cómo se interpreta ese período, especialmente cuando hay periodos de paro contributivo durante la vigencia del permiso que se pretende renovar.
(6)Recogido de El País de 5-9-2008.
(7)En el Barómetro de Ikuspegi de octubre de 2008 vemos que la mayoría de la población vasca, el 48,3% considera que la inmigración aumenta la inseguridad y un 41,6% considera que su presencia influye negativamente en el acceso a los servicios sociales. En cambio, el 65,9% opina que los y las extranjeras que estén en paro no tienen que ser expulsadas.

 

Donostia, uno de diciembre de 2008

 

 

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