Ante la aprobación de la Directiva Retorno de la UE el pasado 18 de junio de 2008

1. Criminalización de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, ya que se establece un período máximo de 18 meses de internamiento en los llamados Centro de Internamiento para Inmigrantes (CIES), antes de su expulsión. Entendemos que estas personas son tratadas como si hubieran cometido algún delito, al verse privadas de libertad sin haber sido declaradas culpables por ningún tribunal. La normativa contempla, incluso, que una vez cubierta la capacidad de los CIES, se pueda internar a las personas inmigrantes en centros penitenciarios.

2. Autoridades administrativas y no judiciales pueden ordenar el internamiento de las personas inmigrantes, según esta Directiva, la cual, además, no garantiza en todos los casos la asistencia jurídica gratuita ni establece un plazo concreto para el control judicial de la detención, que tendrá que ser revisada de forma “rápida” mientras que la decisión judicial deberá ser “lo antes posible”.

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