PRIORIDADES en materia de inmigración y asilo. Período 2012 – 2016

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Harresiak Apurtuz cumpliendo con su compromiso de construcción de una Euskadi más plural, intercultural, abierta y justa; eleva a las diferentes administraciones, agentes políticos y sociales nuestras reflexiones sobre las prioridades que en materia de inmigración y asilo tendrían que tenerse en cuenta; sobre todo en el marco de esta nueva legislatura 2012 – 2016.

1) Hablar de ciudadanía inclusiva y de igualdad de derechos y obligaciones

Partimos de una legislación que, con La Ley de Extranjería y su Reglamento, continúan legitimando la discriminación hacia una parte de la ciudadanía, categorizando, atentando contra la cohesión social y criminalizando a las personas inmigrantes y asiladas por su situación administrativa o de vulnerabilidad social.

No obstante, conscientes de que la inmigración en Euskadi es una realidad, estable y positiva; desde Harresiak Apurtuz se insta a las administraciones, en todos sus niveles, partidos políticos y sus representantes, a evitar la visión instrumentalista de la misma que lleva a aceptarla en la ciudad siempre y cuando sea útil y necesaria, como mano de obra o como fuente de ingresos a las arcas públicas.

La sociedad vasca es una sociedad plural y diversa, las personas inmigradas y asiladas son parte fundamental de esta sociedad y merecen, el mismo respeto de sus gobernantes y el mismo reconocimiento de los derechos básicos y fundamentales, que el resto de ciudadanos y ciudadanas que la conforman.

Rechazamos cualquier forma de trato meramente asistencialista y que invita a aceptar a la personas inmigrantes y refugiadas como un mero acto de solidaridad y/o caridad.

Instamos a asumir y desde el convencimiento promover la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas que viven en Euskadi; no solo de las que han nacido en Euskadi. De esta forma, se concibe la CAPV como una comunidad diversa integrada por ciudadanía plural.

Nos sumamos a la reivindicación de la Red Ekain – de la que formamos parte – cuando se afirma que desde el tercer sector de acción social “apostamos por un Gobierno centrado en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en nuestra comunidad, y cuyo objetivo primordial sea alcanzar cuotas de mayor justicia e igualdad social, en el marco de la promoción de un desarrollo humano local, social y medioambientalmente, sostenible”

Consideramos prioritario:

Trabajar conjuntamente, desde el ámbito político y el tercer sector, para promover la igualdad de todas las personas que viven en Euskadi. Hablando de ciudadanas y ciudadanos, con plenos de obligaciones y derechos. Y gestionando la diversidad de manera responsable.

2) La estrategia política en materia de inmigración y asilo: diversidad cultural y especificidad

Desde el punto de vista autonómico, la conformación del nuevo Gobierno Vasco (2012) no prevé una Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad, órgano hasta el momento garante del seguimiento de las políticas públicas en materia de inmigración y asilo en la CAPV:

A día de hoy, a las entidades y asociaciones que conforman Harresiak Apurtuz nos preocupa:

a) la continuidad de las políticas en materia de inmigración que venían desarrollándose bajo la supervisión de esta Dirección (Plan Vasco de Inmigración, Pacto Social por la Inmigración, Red de Técnicas/os de Inmigración, Coordinación intersectorial e interinstitucional, interlocución con el tercer sector, entre otros); así como también,

b) los servicios específicos que vienen prestándose a las personas inmigrantes y asiladas, así como a la red de ayuntamientos e instituciones que lo demandan (asesoría jurídica, derivación, intermediación, asesoría a las entidades sociales, ayuntamientos, entre otros).

La diversidad y pluralidad de la sociedad vasca exige a las y los gobernantes ser conscientes de la misma y legislar en consecuencia. Contar con un ámbito de la estructura de gobierno dedicada a esta materia garantizaría la especificidad necesaria para orientar las políticas de inmigración en función de las demandas de la realidad, así como el fortalecimiento de los espacios de gobernanza con los movimientos sociales para acercar las acciones a la realidad de las personas. Todo ello, con su consecuencia presupuestaria.

La transversalización de inmigración puede conllevar el peligro de que las especificidades queden desdibujadas y sin el debido amparo.

Desde el punto de vista Foral, hemos vivido durante 2012 un período de constantes recortes en materia social que ha afectado de forma extraordinaria al ámbito de la inmigración. En unas Diputaciones más que en otras, la política de ajuste presupuestario ha dejado con escasos recursos económicos a las políticas de promoción social e intercultural y ha dificultado la continuidad de los procesos emprendidos por las entidades sociales para favorecer la integración de personas en desventaja social o para promover la convivencia intercultural.

Instamos pues a las Administraciones Forales a que sumen esfuerzos en la lucha por los derechos de todas las personas y en las garantías necesarias para mejorar las circunstancias excepcionales que tienen quienes están sometidas a la Ley de Inmigración y Asilo.

A nivel local, asistimos también a la reordenación presupuestaria que, con la excusa de la crisis está recortando recursos en materia de inmigración e interculturalidad. Algunos gobiernos locales han dejado de apostar por la promoción de estas materias y por la generación de verdaderas políticas de gestión de la diversidad que promuevan sinergias entre todas las personas que conviven en el municipio.

Una Euskadi plural, con la diversidad que ahora mismo contiene, requiere una política pública en materia de inmigración que responda a esa singularidad. No se puede hablar de integración si no se ponen los mecanismos sociales, políticos y económicos para ello; si no se garantiza un reconocimiento desde la plenitud de derechos.

Asimismo, asistimos con preocupación a la perpetuación de una serie de mitos alrededor de la inmigración que no contribuyen al enraizamiento de las personas ni mucho menos a su recono-cimiento social; por ejemplo:

* que la homogeneidad, y no la diversidad, es el único motor posible de una sociedad cohesionada y exitosa: bajo este precepto se conciben a las personas inmigrantes co-mo causantes de la crisis y no como sus víctimas, por lo que se deduce erróneamente que su expulsión adelantará la recuperación de la bonanza económica.

* que la política migratoria se percibe como permisiva cuando hay datos objetivos que lo refutan: la dureza de la legislación de extranjería o la dotación de fondos europeos para el control de fronteras o la expulsión, entre otros.

* que los derechos de las personas inmigrantes dejan pasan a concebirse como privi-legios que pueden otorgarse discrecionalmente a cambio de algo: la condición de ase-gurado/a para la atención sanitaria, la realización de trabajos en beneficio de la comu-nidad para la obtención de prestaciones sociales…

Estas percepciones erróneas sobre la población inmigrante van calando en el imaginario colec-tivo y generando un estado de opinión que pone en peligro la cohesión social y la construcción de esa Euskadi más plural, intercultural, abierta y justa a la que todas y todos aspiramos.

Consideramos prioritario:

Que el Gobierno Vasco apueste por políticas de gestión de la diversidad y promoción de la convivencia que favorezcan la integración de las personas extranjeras que residen en la CAPV desde el reconocimiento de derechos y obligaciones. Y para ello se dote unas líneas de trabajo claras y unos recursos concretos.

Que las Diputaciones Forales en coordinacion con el Gobierno Vasco apueste así mismo por políticas similares en el ámbito foral.

Que las Administraciones Locales trabajen por unos municipios más inclusivos, donde las políticas dirigidas a la atención e integración de las personas inmigrantes y asiladas, les tengan en cuenta no solo como objetos de las mismas sino como sujetos activos capaces de construir conjuntamente el devenir de los pueblos donde viven.

Que el diálogo interinstitucional se concrete en torno al desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y toda aquella legislación que afecta a los servicios de provisión pública.

Fortalecer los canales de diálogo con el Tercer Sector para construir las mejores estrategias en materia de inmigración y asilo que den respuesta a las necesidades existentes.

Implicación política en el desmontaje de estereotipos negativos y prejuicios contra la inmigración y el asilo, y en la educación ciudadana en materia de derechos humanos y en materia de diversidad cultural.

3) Otras especificidades dentro del propio ámbito

Cuando hablamos de inmigración y asilo nos referimos a las personas como colectivo y en ellas recaen un conjunto de circunstancias estructurales que, en ciertos casos, les abocan a situaciones de exclusión. No obstante, dentro de la propia inmigración y asilo existen especificidades que merece la pena resaltar, porque en estas personas confluyen además, otra serie de circunstancias que les imponen una situación de vulneración mayor.

Tal es el caso de:

– Las mujeres inmigrantes: punta de lanza en la inmigración de los últimos tiempos. Se han convertido en un subgrupo dentro de las migraciones que merecen especial atención. Como mujeres, influyen en ella las desventajas relacionadas con la cadena de cuidados, la falta de corresponsabilidad en el hogar, la violencia machista, entre otras; pero como inmigrantes, tienen también que afrontar la escasa o nula red de apoyo en el país de acogida, la situación administrativa, etc. Es por ello que resulta de vital importancia mantener vigente la perspectiva de género en todas aquellas políticas públicas, con el fin de buscar las mejores alternativas para potenciar su incorporación en la CAPV.

– Las y los menores no acompañados: que continúan teniendo grandes dificultades a la hora de recibir atención por parte de las Administraciones correspondientes, a la hora de ser beneficiarios de prestaciones sociales dirigidas al colectivo juvenil y al momento de intentar formar parte de itinerarios de inserción social, por su condición de menor.

– Los jóvenes inmigrantes emancipados: que se encuentran en ese limbo que genera la normativa entre las personas que alcanzan la mayoría de edad y el acceso a las prestaciones sociales más básicas. A día de hoy, los jóvenes inmigrantes emancipados, sobre todo aquellos que salen de servicios de atención Forales, no cuentan con suficientes puentes sostenibles para dar el paso hacia la autonomía.

– Familias reagrupadas: que incorporan a la sociedad de acogida una nueva realidad a nivel familiar. Niñas y niños reagrupados que deben continuar su proceso educativo, hombres o mujeres que se suman al carro migratorio de quien ha dado el paso inicial y tienen también que insertarse en el precario mercado de trabajo. Procesos familiares internos que son trastocados por los cambios de roles, de poder, de cultura o de percepción.

A todos estos subgrupos dentro de las migraciones, habría que atender su circunstancia excepcional; no para generar servicios específicos sino para normalizar su situación dentro de los ya existentes, teniéndoles en cuenta y adecuándolos.

Consideramos prioritario:

Tener en consideración los diferentes subgrupos que existen en el ámbito de la inmigración, para que sus diferentes e importante realidades no sean invisibilizadas.

Adecuar los servicios y prestaciones que existen, de forma tal que se pueda dar cabida – a través de la normalización – a estas personas que cuentan con una problemática específica, por su condición de persona inmigrante.

Reconocer el aporte complementario que realiza el Tercer Sector de Acción Social en la atención de estos colectivos, priorizando su incorporación en la línea de atención y prestación de servicios; por encima del interés privado.

4) Las personas solicitantes de asilo y/o otras formas de protección internacional, un apartado especial

Lamentablemente, vivimos en una sociedad que invisibiliza a las personas perseguidas por diversas situaciones. Los movimientos sociales vinculados con esta realidad trabajamos diaria-mente para que esta situación salga a la luz y se gestione políticamente para evitarlo y paliarlo. Es por ello que ahora que surge una nueva oportunidad, vinculada con el cambio de gobierno, volvemos a llamar la atención sobre la necesidad de incorporar el asilo en la agenda política, social y ciudadana, para fortalecer el compromiso de las diferentes instituciones públicas (legislativas, ejecutivas, policiales, educativas…), para que tengan en cuenta transversalmente, además de la diversidad cultural, las especificidades y necesidades particulares de las personas que solicitan asilo u otras de protección internacional, las cuales quedan frecuentemente des-dibujadas en el genérico del colectivo de inmigrantes.

Así, frecuentemente se olvida la importancia de la primera acogida a las personas que huyen, y no se tiene en cuenta que a las dificultades y duelo, propio de quien llega a nuevo lugar, se une la superación del trauma vivido en origen y a veces también en el tránsito, y el encontrarse en un lugar no elegido al que se han visto obligados a venir. El acompañamiento social y psicológi-co en esta fase es fundamental.

Por otro lado, los procesos migratorios forzados conllevan tanto para las y los interesados como para sus familiares un entramado jurídico que quienes lo padecen no sólo no comprenden sino que viven como una nueva agresión a su dignidad, por ello la asistencia jurídica especializada se torna imprescindible.
La solidaridad con sus luchas, reivindicaciones, o cualesquiera causas que provocaran su salida del país y la visibilización de su existencia forma parte de un proceso de integración de por sí complejo que transcurre con la dificultad añadida de tener que asumir la imposibilidad de re-torno.

Consideramos prioritario:

Incorporar el asilo en la agenda política, social y ciudadana, para fortalecer el compromiso de las diferentes instituciones públicas (legislativas, ejecutivas, policiales, educativas…), para que tengan en cuenta transversalmente.

Proveer formación a los distintos agentes públicos no solo en materia de inmigración sino también en materia de asilo.

Eliminar cualquier obstáculo de acceso a los servicios públicos a los solicitantes de asilo o de otras formas de protección internacional por su condición de solicitantes de pro-tección.

Desde la defensa de los derechos humanos promover y facilitar la acogida temporal de personas perseguidas.

5) La protección y garantías sociales, un derecho para todas las personas

Creemos en un estado social de bienestar que reconozca los derechos sociales como un elemento fundamental e inherente a la condición humana.

Desgraciadamente se desconoce que las personas inmigrantes estructuran su proyecto migratorio en base al acceso al empleo y la independencia económica y personal asociada al mantenimiento del mismo, Observatorios especializados así lo demuestran.

En la línea de la garantía de derechos y obligaciones para todas las personas; y, entendiendo que las personas inmigrantes y asiladas forman parte de esta sociedad, creemos en un estado social de bienestar que reconozca esos derechos como un elemento fundamental e inherente a la condición humana.

Las prestaciones sociales concebidas para garantizar un nivel de vida digno, también deben considerarse como un elemento integrador que contribuye a que las personas inmigrantes y asiladas puedan salir adelante en Euskadi. De hecho, estudios de Observatorios especializados demuestran que las personas inmigrantes estructuran su proyecto migratorio en base al acceso al empleo y la independencia económica y personal asociada al mantenimiento del mismo.

Desde un punto de vista genérico, la protección social debe incluir el acceso y mantenimiento de la vivienda; así como la erradicación del sinhogarismo. El acceso a la sanidad y la educación, como un derecho subjetivo universal y no como un privilegio.

No obstante, toda situación de necesidad, de vulnerabilidad y de dificultad social, siempre que se cumplan determinados requisitos, les da derecho a la protección que el Estado tiene para garantía de su ciudadanía. En este sentido, Harresiak Apurtuz ratifica la propuesta 14 de la Red Ekain en la que “solicitamos la eliminación de los requisitos restrictivos (período de empadronamiento, edad, número de rentas por unidades convivenciales…) que limitan el acceso universal para toda la ciudadanía a la renta de garantía de ingresos”

Actualmente, en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley 16/2012 de aplicación nacional, pretende restringir el acceso sanitario a las personas inmigrante en situación irregular. Si bien, con el Decreto 114/2012 publicado por el Gobierno Vasco el pasado 26 de junio, se intenta continuar ofreciendo el servicio a todas las personas, independientemente de su procedencia o situación administrativa, en este último se incluye el empadronamiento mínimo de 1 año como requisito de acceso a los servicios, cuestión que afecta al colectivo y contradice la Ley de Extranjería.

Consideramos prioritario:

Reivindicar la gratuidad y accesibilidad de los servicios sociales.

Retornar con urgencia a la protección de todas las personas y las familias a través del cambio en los requisitos de acceso en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Retirar el requisito de 1 año de padrón para que las personas inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la sanidad pública vasca.
Regular las Ayudas de Emergencia Social como un derecho subjetivo universal, garantizado para toda la ciudadanía, sin rigidez ni limitación temporal en su gestión.

Activar e informar a la ciudadanía de las políticas que en materia de protección social tengan las administraciones locales para paliar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, especialmente las personas inmigrantes en situación irregular.

6) Otros derechos fundamentales: la libertad religiosa y el derecho al voto

Con relación a la libertad religiosa, y en sintonía con la idea de que Euskadi es cada vez más diversa y plural, la confesión y el ejercicio religioso se convierten en partes fundamentales de esas políticas de gestión de la diversidad que hemos solicitado anteriormente.

En mayo de 2012, se publica el Anteproyecto de Ley que prepara el Gobierno Vasco para regular la presencia y apertura de centros de culto en la CAPV, pero que no ha sido muy bien recibido por algunos Ayuntamientos de Euskadi.

Si según un sondeo realizado por el propio Gobierno Vasco, el 73% de los encuestados/as dice estar a favor de que todas las religiones tengan derecho a instalar sus centros de culto; habría ahora que gestionar la Ley para que garantice este derecho a todas las personas y se establezcan las normas mínimas de convivencia necesarias, desde el respeto a la diferencia y no desde la restricción.

Por otra parte, con respecto al derecho al voto, también se concibe como un elemento de interés. Cada vez son más las personas inmigrantes que van ganando la opción a elegir y ser elegidos/as en contiendas locales, autonómicas y estatales. No sólo gracias al reconocimiento al voto por reciprocidad sino por la adquisición de la nacionalidad española.

En este sentido, en las elecciones del 22 de mayo de 2011, la oficina del censo electoral registró un poco más de 50.000 inscripciones de personas extranjeras, cifra que sitúa el porcentaje de inscripción entre el 11% y el 14% del total. El camino hacia la igualdad política es decisivo para impulsar una integración real, involucrando a las personas extranjeras en las decisiones políticas e implicándolas en el futuro de la sociedad. No se puede hablar de democracia cuando un porcentaje de personas son excluidas de toda intervención en las decisiones que les afectan.

Consideramos prioritario

Continuar dialogando, entre todas las Administraciones, partidos políticos y el Tercer Sector, para que el Anteproyecto de Ley de Culto y su futura Ley tengan una concreción y aplicación: justa y correcta en Euskadi y garantice este derecho a todas las personas.

Mejorar los mecanismos de información para que las personas inmigrantes ejerzan su derecho a votar y a ser elegidos.

7) Promoción de los movimientos y entidades sociales, para una sociedad civil organizada

Una sociedad civil organizada promueve y fortalece la democracia real. Desde Harresiak Apurtuz y las asociaciones de inmigrantes y entidades sociales del ámbito de la inmigración que la conforman, luchamos día a día para garantizar espacios de encuentro donde las personas puedan relacionarse, construir objetivos comunes y procurar las acciones que les permitan alcanzarlos.

Desde estos colectivos creemos que las diferentes Administraciones, así como las y los representantes políticos, tendrían que continuar comprometidos en la promoción de estas iniciativas colectivas porque su acción redunda en el beneficio común.

En los últimos años las líneas subvencionales que apoyan los proyectos dirigidos a las personas inmigrantes y asiladas en situación más desfavorable, de promoción de la convivencia, de gestión de la diversidad, pluralismo religioso, de defensa de los DDHH o cualquier otro aspecto relacionado con las personas inmigrantes han sido reestructuradas, ha desaparecido o han sufrido un recorte presupuestario importante. Estos cambios están dificultando las actividad de multitud de organizaciones e incluso abocando a su desaparición a algunas de ellas.

Desde los movimientos sociales que vivimos día a día la situación de las personas inmigrantes y asiladas, que creemos que las políticas de apoyo e intervención son fundamentales para su correcta incorporación social y que podemos dar garantía de los esfuerzos realizados por estas personas para contribuir al desarrollo de Euskadi, solicitamos una mayor implicación y apuesta por el sector, de parte de las y los gobernantes. Las políticas de fortalecimiento asociativo deberían ser una más dentro de las vinculadas con la gestión de la diversidad; porque un movimiento social fuerte redunda en las personas y también en la gestión política.

En este sentido, nos sumamos a la propuesta de la Red Ekain con la que “instamos al Gobierno Vasco a mantener y aumentar la provisión de recursos que contribuya con el sostenimiento de la sociedad civil organizada, a nivel local, territorial y autonómico, en la creencia de que un tejido social fuerte redunda en la salud de la democracia y el compromiso social”

Consideramos prioritario:

Mantener y mejorar los cauces de financiación al tercer sector de acción social vinculado con las migraciones y el asilo para que su trabajo pueda ser sostenible y perdurar en el tiempo, atendiendo las necesidades crecientes del colectivo que atiende.

Mantener un diálogo permanente con el Gobierno Vasco, los partidos políticos, sus representantes y otras entidades sociales a fin de mejorar las relaciones de trabajo común, el contraste de la realidad y el acercamiento de las necesidades más concretas a quienes legislan o ejercen la oposición.

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