Harresiak Apurtuz, por una RGI inclusiva en favor de la convivencia y la protección social

En un contexto estatal, marcado por el escaso compromiso de la Administración central con las personas, el sistema de protección social vasco, en el cual se enmarca la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social prevista por el ejecutivo autonómico, ha constituido una iniciativa pionera. En algunos aspectos, se trata de una cuestión excepcional, orientada a prevenir el riesgo de exclusión, personal, social y laboral, así como a facilitar la inclusión de quienes carecen de los recursos necesarios.

Desde Harresiak Apurtuz somos conscientes de los aciertos y aportes realizados en dicha Ley, pero consideramos que dista mucho de haberse logrado los objetivos marcados en la misma. La experiencia y el trabajo diario desarrollado a pie de calle por las más de sesenta entidades de la Coordinadora revelan como el actual sistema no es suficiente para paliar la exclusión social. A día de hoy, factores como la acreditación del tiempo de residencia, la constitución de la unidad convivencional o las comunicaciones entre perceptores y administración dificultan que un sector importante de personas en riesgo de exclusión social de nuestra sociedad puedan acceder a los mecanismos de protección estipulados, acrecentándose estas situaciones en momentos de crisis económica.

Por todo ello, y en vista de la futura y más que previsible reforma normativa que regula las ayudas sociales, desde Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, consideramos que algunos aspectos deben salvaguardarse y que deben mejorarse cualitativamente las posibilidades de la RGI como instrumento de lucha contra la exclusión social y en favor de la convivencia y la protección social de la sociedad vasca.

Entre estas propuestas estarían:

Modificar la fórmula actualmente utilizada para la determinación de las unidades de convivencia

Se considera necesario clarificar y desarrollar los criterios de constitución de una Unidad de  Convivencia a nivel general, así como los tipos y criterios de excepcionalidad a la hora de considerar a una Unidad de Convivencia como especial. Para ello, resulta importante tener en cuenta los diferentes tipos de hogares que existen en nuestra sociedad (unipersonales, pluripersonales sin relaciones de parentesco, familiares pero sin relación conyugal o de filiación, unifamiliares, plurifamiliares). En este sentido, se destaca el auge de la monoparentalidad y de los hogares configurados por la agrupación de varias unidades familiares como consecuencia de la falta de recursos.

Relacionado con lo anterior, entendemos necesario determinar con criterios objetivos el procedimiento para establecer dentro de un mismo domicilio en el que conviven personas o familias independientes (es decir, más de una unidad de convivencia), quién y en qué condiciones tiene acceso a percibir la prestación, con el objetivo de evitar discriminaciones y fortalecer el criterio de igualdad.

Modificar el período mínimo de empadronamiento en la CAV

Desde Harresiak Apurtuz consideramos necesario tener en cuenta que las personas inmigrantes tienen una especial dificultad a la hora de justificar, por falta de documentación en muchos casos, el acceso a empadronamiento. En este sentido, abogamos por la reducción en el tiempo mínimo de empadronamiento, recuperando el periodo de un año, tal y como estaba recogido antes de su modificación en el año 2011. A su vez, resulta necesario valorar como acreditativos otros documentos de su llegada a la CAV de cara a facilitar el acceso  de este colectivo al empadronamiento, como pueden ser los certificados emitidos por entidades sociales.

Unido a ello, y de cara a futuras reformas, abogamos por eliminar posibles suspicacias y expresiones hacia personas inmigrantes referentes al efecto llamada de las ayudas económicas. Está constatado que estas ayudas no han sido factor de atracción de personas inmigrantes, ni en última instancia, ni de forma mayoritaria.

Mejora de gestión del sistema, favoreciendo la accesibilidad y la transparencia

De cara a la mejora de la gestión del sistema, son tres las propuestas a realizar. Por una parte, permitir el acceso de las personas a su expediente, lo cual corresponde a un derecho de la persona perceptora de la RGI y un deber de la Administración. En segundo lugar, una mejora en la claridad y transparencia del lenguaje en las argumentaciones y comunicaciones de la administración, que posibiliten ser entendidas con facilidad por las personas perceptoras. Ello repercutirá en una mejor forma de responder o recurrir aquello que se solicita. Finalmente, descentralizar el ámbito jurisdiccional de su regulación y control, de manera que las personas puedan cursar reclamaciones en función de su lugar de residencia y no de la sede de la entidad gestora, como es el Gobierno Vasco.

En definitiva, dada la relevancia  de todo lo comentado y las consecuencias que todo cambio en el sistema de garantía de ingresos supone para las personas con necesidades sociales y su proceso de inclusión social, desde Harresiak Apurtuz tendemos la mano a colaborar de forma coordinada en favor de una respuesta real y efectiva para esta realidad.

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