Harresiak Apurtuz exige un cambio radical en las políticas migratorias de la UE y denuncia la intención del Gobierno español de modificar la LOEX

  • La construcción de una UE que pretende ser referente en el respeto a los derechos humanos implica la revisión y en su caso eliminación de aquellas políticas, iniciativas e instrumentos que en su modo de aplicación acaben vulnerando los mismos.

  • La intención de reforma de la LOEX pretende convertir en legal la violación de derechos humanos, como el recientemente acontecido en Ceuta y hace caso omiso al rechazo manifestado por el conjunto de la sociedad y la clase política ante los hechos perpetrados.

El fenómeno migratorio es una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales sigue siendo una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, carga contra los derechos humanos. ¿Hasta dónde se elevarán los muros que nos rodean?

Los hechos acontecidos el pasado 6 de febrero en Ceuta constituyen una evidencia más del fracaso de las políticas migratorias europeas y españolas. Unas políticas centradas en el blindaje de las fronteras y en medidas que obvian tanto la realidad de los países de origen como cualquier consideración de tipo humanitario; y que impiden, en muchos casos, el acceso a la protección internacional.

Las rígidas fronteras europeas, para cuyo control y vigilancia no se escatiman recursos (concertinas, vallas de formatos y alturas diversas, etc), no solo no evitan las entradas irregulares, sino que hacen de los proyectos migratorios una decisión peligrosa que pone en riesgo vidas. Asimismo, contribuyen a la construcción de una visión criminalizadora de las personas inmigrantes irregulares, aprovechada para alentar posturas racistas y xenófobas en el seno de la UE.

Impunidad en la frontera sur

El pasado 6 de febrero asistíamos con dolor a la muerte de 15 personas inmigrantes y a la devolución de otras 23 que pisaban tierras ceutíes. Sin embargo, este grave suceso no es un fenómeno aislado. Las expulsiones colectivas de las personas llegadas a Ceuta y Melilla sin garantía alguna en el procedimiento es una práctica ilegal que lleva desarrollándose en los últimos años y que ha sido denunciada por parte de diferentes colectivos sociales, así como el Defensor del Pueblo español.

Las devoluciones “en caliente” impiden la protección (acceso a un/a letrado/a e intérprete) que garantiza la ley a demandantes de asilo, víctimas de trata y menores que llegan al territorio español. Este procedimiento viola tanto la normativa española como los tratados internacionales suscritos por España, que contemplan la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de tratos inhumanos o degradantes, y a facilitar el acceso a un procedimiento legal y a un recurso efectivo. Estos derechos están recogidos, entre otros, en el Código Penal, la legislación de extranjería, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y los convenios internacionales sobre salvamento marítimo.

Sin embargo, las responsabilidades ante tal barbarie se diluyen dentro del ruido político y mediático. La estrategia del Gobierno español se centra en criminalizar a las personas que emigran y en alimentar la percepción de amenaza y miedo de “invasión” a través de los medios de comunicación.

En este sentido, instamos al Gobierno español y los partidos políticos a evitar discursos tremendistas y mensajes injustos que sitúan a la población inmigrante bajo sospecha y que elevan la inmigración a la categoría de problema. Son estos discursos los que refuerzan estereotipos discriminadores y aumentan las posibilidades del surgimiento o acentuación de ideas y acciones racistas y xenófobas, inaceptables en un Estado de Derecho.

“Frontex”, la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores, cifra en 5.800 las personas que han entrado en la península en 2013. y para el conjunto de Europa establece la cifra en unos 100.000. Las personas que intentan alcanzar España son una minoría respecto a la dimensión de los desplazamientos forzados que se dan en el mundo, muchas veces, de conflictos en los que Europa tiene parte de responsabilidad.

Respeto a los derechos humanos

Ante este contexto, exigimos:

  • Un cambio radical en las políticas migratorias de la UE; al tiempo que el íntegro respeto a la normativa nacional e internacional vigente.

  • La derogación de la Ley de Extranjería como elemento legitimador de políticas institucionales absolutamente discriminatorias y represivas, y que se impida la modificación de la legislación de extranjería en el Estado Español, tal y como ha hecho pública su intención el Gobierno central, a fin de que puedan considerarse legales actos como los acontecidos en Ceuta el pasado 6 de febrero.
     

  •  La revisión de la política española de expulsiones y devoluciones hacia el estado marroquí, especialmente desde la entrada en vigor el pasado año 2012 del Convenio bilateral de “readmisión”.
     

  • La garantía de los derechos humanos para todas las personas que son confinadas a los Centros de Internamiento Temporal de personas extranjeras.
     

  • El respeto a la labor veedora y de denuncia que están sosteniendo las entidades del tercer sector que luchan por los derechos humanos y en el ámbito de la inmigración y la extranjería.

En estos momentos en los la Comisión Europea está revisando el diseño de lo que serán las grandes líneas futuras de su política migratoria, es preciso reiterar la necesidad de que sean tenidas en cuenta las recomendaciones señaladas por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las personas Migrantes, así como las de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Apelamos también a la responsabilidad social de los medios de comunicación en la utilización de un lenguaje en pro de la cohesión y la convivencia, lo que supone el uso de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, el análisis de las causas de los fenómenos sociales frente a la presentación de sucesos aislados; y la transmisión de una información veraz y responsable.

Por último, desde Harresiak Apurtuz queremos manifestar que la condición de irregularidad administrativa no puede ser excusa para menoscabar la dignidad de las personas ni vulnerar sus derechos humanos. El respeto es la manera de contribuir positivamente al bienestar de una sociedad plural y diversa con una justicia que nos hace iguales a todas las personas ante la Ley.

HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes

 

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