Harresiak Apurtuz denuncia que la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se niega a tramitar la documentación de un trabajador inmigrante reconocido como víctima de un delito de estafa por una Sentencia firme de la Audiencia Provincial

La Subdelegación de Gobierno de Bizkaia se niega a documentar al trabajador estafado y ni tan siquiera tramita su expediente de autorización de residencia por colaboración con la Justicia pese a que la propia Ley de Extranjería obliga a las instituciones a tramitar estas autorizaciones a quienes colaboren con la desarticulación de redes de estafadores.

El pasado 2 de diciembre de 2009 Harresiak Apurtuz dio a conocer públicamente la sentencia condenatoria resultante del tercer juicio penal por estafas a siete trabajadores inmigrantes.

En esta sentencia la Letrada I.L.V. del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia y un empresario son condenados por un delito continuado de estafas a trabajadores inmigrantes en un bien de primera necesidad como es la autorización de trabajo.

Para lograr dicha condena penal fue fundamental la denuncia, testimonio y colaboración con la Justicia de los inmigrantes estafados. Así consta en un Informe emitido por la Autoridad judicial.

Sin embargo, a fecha de hoy con una sentencia condenatoria en firme, uno de los trabajadores estafados no ha podido ver reconocidos sus derechos como víctima y regularizar su situación administrativa tal y como obliga el artículo 45.5 del vigente Reglamento de Extranjería. Ante esta situación, Harresiak Apurtuz solicitó el pasado 22 de febrero una reunión a la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia para abordar el tema de este extranjero sin obtener ninguna respuesta de la Administración.

Se trata de la tercera sentencia condenatoria en firme en Bizkaia por un delito continuado de estafas que atentan contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores inmigrantes. Es lamentable que tengamos que asistir ahora a la más absoluta irresponsabilidad por parte de la Administración que abandona a su suerte a las víctimas de estos gravísimos hechos.

Lamentablemente el que se hayan producido tres condenas penales no ha puesto fin a estas redes que actúan vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores extranjeros. Estas redes siguen actuando por cuanto no puede la Administración delegar en las ONGs la persecución penal de estos hechos. Reclamamos la implicación de todas las Administraciones en la persecución de estos hechos y en particular a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia que garantice la protección legal a las víctimas de estas estafas. De lo contrario las mafias seguirán actuando con más impunidad si cabe.

Finalmente reclamamos de la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia que dé todas las garantías que dicta la Ley a este trabajador que sí creyó en unas instituciones que le reclamaron su denuncia y que ahora no le protegen una vez que se arriesgó a colaborar en la desarticulación de esta red de estafadores.

 

Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes

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