Harresiak Apurtuz da a conocer públicamente la sentencia condenatória resultante del tercer juicio penal por estafas a siete trabajadores inmigrantes

La sentencia en firme condena a la letrada a 15 meses de prisión eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante 15 meses y de la responsabilidad civil de 1.200 euros a tres de los siete trabajadores estafados. Además de la inhabilitación del ejercicio profesional durante 6 meses y la privación del derecho de sufragio pasivo.

Por su parte, el empresario ha sido condenado a 15 meses de prisión eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante 15 meses y de la responsabilidad civil de 1.200 euros a cuatrode los siete trabajadores estafados. Además de la privación del derecho de sufragio pasivo.

Desde que a finales de 2005 Harresiak Apurtuz dio a conocer públicamente que asumía la defensa en cuatro procesos penales de más de 61 trabajadores inmigrantes estafados durante el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros habido en 2005, esta es la tercera sentencia condenatoria en firme por un delito continuado de estafas que atentan contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores.

¿Cuántas sentencias condenatorias más hay que conseguir para acabar con estas malas prácticas? Lamentablemente el que ya se hayan producido dos condenas con anterioridad no ha puesto fin a estas redes que actúan vulnerando los derechos de los trabajadores extranjeros las cuales siguen actuando. Exigimos que la Inspección de Trabajo, la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia, la Policía y el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia asuma sus responsabilidades; y que activen los recursos de que disponen o que creen un plan de trabajo con el fin de intensificar el trabajo del día a día para que dentro de una sociedad normalizada esto no vuelva a suceder.


Una letrada y un empresario condenados

La abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío Bizkaia y un empresario aprovechando la iniciación del Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros habido en 2005, se concertaron para enriquecerse solicitando entregas de dinero a inmigrantes en situación irregular con las que contactaban ofreciéndoles un trabajo. El dinero se les exigía para atender al supuesto pago de su Seguridad Social y por gastos de gestión. Además lo acusados prometían falsamente la consecución del permiso de residencia y trabajo mediante la presentación ante la Autoridad competente de una oferta de trabajo. Para ello, el empresario procesado constituyó una empresa que carecía de actividad real.

En esta forma de actuar el supuesto empresario recibió la colaboración de una Abogada que recibió de numerosas personas extranjeras confiadas por su condición de letrada y a las que aseguraba que se les iba a conceder la autorización inicial de residencia y trabajo en España, la cantidad mínima por persona de 1.200 euros. Todo ello sabiendo los acusados que al carecer la empresa de actividad real faltaba uno de los requisitos previstos en la norma correspondiente para la regularización de los trabajadores extranjeros.

Tal y como manifestamos el día 25 de enero de 2006 cuando dimos a conocer nuestra personación en defensa de 61 inmigrantes estafados, seguiremos adelante y no cesaremos en denunciar no sólo esta sino todas aquellas situaciones que sean discriminatorias y dificulten una convivencia normalizada en igualdad de derechos.

HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes

 

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