En el marco de las próximas elecciones al Parlamento Vasco, del domingo 21 de octubre, Harresiak Apurtuz ha elaborado y enviado a los diferentes partidos políticos sus propuestas de trabajo en el ámbito de la inmigración y el asilo.

De cara las elecciones al Parlamento Vasco – 21 de Octubre, 2012

Harresiak Apurtuz te propone…

 

• Hablar de ciudadanía y de igualdad de derechos y obligaciones

 

Conscientes de que la inmigración en Euskadi es una realidad, estable y positiva; desde Harresiak Apurtuz se insta a los partidos políticos y sus representantes, a evitar la visión instrumentalista de la misma, que lleva a aceptarla en la ciudad siempre y cuando sea útil y necesaria, como mano de obra o como fuente de ingresos a las arcas públicas. Las personas inmigradas y asiladas son parte fundamental de esta sociedad y merecen, tanto el respeto de sus gobernantes como el reconocimiento de los derechos básicos y fundamentales, por su condición de seres humanos.

Rechazamos cualquier forma de trato meramente asistencialista y que invita a aceptar a la personas inmigrantes y refugiadas como un mero acto de solidaridad y/o caridad.

Instamos a asumir y creer en el discurso de la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas que viven en Euskadi; no solo de las que han nacido en Euskadi. De esta forma, se concibe la CAPV como una comunidad diversa integrada por ciudadanía plural.

Recuerda:

  • No hacer un uso electoralista de la realidad de la inmigración y de los colectivos de personas inmigrantes durante la próxima campaña.
  • Impulsar, junto con la sociedad civil y el resto de agentes sociales, los instrumentos consensuados necesarios para gestionar la convivencia de manera responsable.

• La diversidad cultural como parte de la estrategia política

 

Entendiendo y partiendo del hecho contrastable de que Euskadi es cada vez más diversa y plural, la realidad exige a las y los gobernantes ser conscientes de este hecho y legislar en consecuencia.

Las políticas de integración deberían encaminarse hacia propuestas vinculadas con el asentamiento y las y los políticos deberían fortalecer los espacios de gobernanza con los movimientos sociales para acercar las acciones a la realidad de las personas. Todo ello, con su consecuencia presupuestaria.

Por otra parte, los últimos estudios de Observatorios especializados indican que la situación de crisis ha impactado negativamente en la percepción que parte de la ciudadanía tiene con respecto a la inmigración y el asilo, por lo que cada vez es más necesario no sólo incorporar esos dos elementos de forma transversal en las política públicas sino que es necesario y urgente diseñar acciones para desmontar los prejuicios negativos hacia estos colectivos, a fin de evitar su enquistamiento en el imaginario colectivo de Euskadi.

En este sentido, los discursos políticos responsables son una herramienta fundamental inicial. Contribuyen, desde la legitimidad que la sociedad les asigna, a no incendiar la opinión pública, no generar alarma social o a no criminalizar a las personas inmigrantes y refugiadas.

Los movimientos sociales también estaremos trabajando en este sentido para mejorar la situación de indefensión que sobreviene a las personas inmigrantes y asiladas por el mero hecho de vivir en una sociedad en la que una parte les rechaza; pero las y los representantes políticos también pueden aportar su grano de arena a través del discurso.

Recuerda:

  • Diseñar políticas de asentamiento, respaldadas presupuestariamente.
  • Implicar a las y los políticos en el desmontaje de estereotipos negativos y prejuicios contra la inmigración y el asilo.
  • Procurar herramientas para la educación ciudadana en materia de derechos humanos y en materia de diversidad cultural.

 

• La protección y garantías sociales, un derecho para todas las personas

Entendiendo que las personas inmigrantes y asiladas forman parte de esta sociedad y, por tanto, adquieren obligaciones y derechos, creemos en un estado social de bienestar que reconozca esos derechos como un elemento fundamental e inherente a la condición humana.

Las prestaciones sociales concebidas para garantizar un nivel de vida digno, también deben considerarse como un elemento integrador que contribuye a que las personas inmigrantes y asiladas puedan salir adelante en Euskadi. De hecho, estudios de Observatorios especializados demuestran que las personas inmigrantes estructuran su proyecto migratorio en base al acceso al empleo y la independencia económica y personal asociada al mantenimiento del mismo.

No obstante, toda situación de necesidad, de vulnerabilidad y de dificultad social, siempre que se cumplan determinados requisitos, les da derecho a la protección que el Estado tiene para garantía de su ciudadanía.Esta protección social incluye el acceso y mantenimiento de la vivienda; así como la erradicación del sinhogarismo. El acceso a la sanidad y la educación, como un derecho subjetivo y no como un privilegio.

Actualmente, en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley 16/2012 de aplicación nacional, pretende restringir el acceso sanitario a las personas inmigrante en situación irregular. Si bien, con el Decreto 114/2012 publicado por el Gobierno Vasco el pasado 26 de junio, se intenta continuar ofreciendo el servicio a todas las personas, independientemente de su procedencia o situación administrativa, en este último se incluye el empadronamiento mínimo de 1 año como requisito de acceso a los servicios, cuestión que afecta al colectivo y contradice la Ley de Extranjería.
Aunque esta normativa Vasca está recurrida y se esperan noticias del Tribunal Constitucional de cara al 20 de enero de 2013, desde Harresiak Apurtuz continuamos reivindicando el reconocimiento del derecho a la salud y la asistencia sanitaria como parte del sistema de protección social y, por tanto, como un derecho que puedan ejercer todas las personas que conviven en Euskadi.
 

Recuerda:

 

  • Luchar por los derechos sociales de todas las personas, por un sistema de protección social que garantice el acceso a los mismos y que no culpabilice a las familias y personas que hacen uso de él.
  • Mantenimiento el estado de protección social; vinculando las garantías sociales con los derechos fundamentales.
  • Apostar por garantizar la vivienda, la educación y la sanidad como elementos del estado de bienestar y no como privilegios del sistema capitalista.
  • Defender desde las instituciones vascas, con valentía y decisión, el Derecho a la Asistencia Sanitaria para todas las persona

 

  • Otros derechos fundamentales: la libertad religiosa y el derecho al voto

 

Con relación al primero, y en sintonía con la idea de que Euskadi es cada vez más diversa y plural, la confesión y el ejercicio religioso se convierten en partes fundamentales de esas políticas de gestión de la diversidad que hemos solicitado anteriormente.

En mayo de 2012, se publica el Anteproyecto de Ley que prepara el Gobierno Vasco para regular la presencia y apertura de centros de culto en la CAPV, pero que no ha sido muy bien recibido por algunos Ayuntamientos de Euskadi.

Si según un sondeo realizado por el propio Gobierno Vasco, el 73% de los encuestados/as dice estar a favor de que todas las religiones tengan derecho a instalar sus centros de culto; habría ahora que gestionar la Ley para que garantice este derecho a todas las personas y se establezcan las normas mínimas de convivencia necesarias.

El derecho al voto, por su parte, también se posiciona como un elemento que cobra interés. Cada vez son más las personas inmigrantes que van ganando la opción a elegir y ser elegidos/as en contiendas locales, autonómicas y estatales. No sólo gracias al reconocimiento al voto por reciprocidad sino por la adquisición de la nacionalidad española.

En este sentido, en las elecciones del 22 de mayo de 2011, la oficina del censo electoral registró un poco más de 50.000 inscripciones de personas extranjeras, cifra que sitúa el porcentaje de inscripción entre el 11% y el 14% del total. El camino hacia la igualdad política es decisivo para impulsar una integración real, involucrando a las personas extranjeras en las decisiones políticas e implicándolas en el futuro de la sociedad. No se puede hablar de democracia cuando un porcentaje de personas son excluidas de toda intervención en las decisiones que les afectan.

 

Recuerda:

  • Respetar la libertad religiosa y promueve el efectivo derecho de ejercitar la libertad de culto mediante el desarrollo de normativas que lo faciliten.
  • Promover la participación y el entendimiento entre las comunidades religiosas minoritarias y el resto de agentes sociales para todos los temas que afectan a unos y otros colectivos.
  • Avanzar en el reconocimiento de la ciudadanía plena para todas las personas, posibilitando al colectivo inmigrante el derecho a votar y a presentarse como candidatos/as en las elecciones que se celebren.

 

  • Las personas asiladas, un apartado especial

 

Lamentablemente, vivimos en una sociedad que invisibiliza a las personas perseguidas por diversas situaciones. Los movimientos sociales vinculados con esta realidad trabajamos diariamente para que esta situación salga a la luz y se gestione políticamente para evitarlo y paliarlo. Es por ello que ahora que surge una nueva oportunidad, vinculada con el cambio de gobierno, volvemos a llamar la atención sobre la necesidad de incorporar el asilo en la agenda política, social y ciudadana, para fortalecer el compromiso de las diferentes instituciones públicas (legislativas, ejecutivas, policiales, educativas…), para que tengan en cuenta transversalmente, además de la diversidad cultural, las especificidades y necesidades particulares del colectivo de asilo, las cuales quedan frecuentemente desdibujadas en el genérico del colectivo de inmigrantes.

Recuerda:

  • Agendar el tema de asilo, a fin de que constituya parte fundamental de las políticas públicas de la CAPV y de las diferentes administraciones que la componen.
  •  Promover la toma de conciencia y solidaridad ciudadana a través de un discurso político implicado con esta realidad y atento a las diferentes necesidades que genera.
  •  Promoción de los movimientos y entidades sociales, para una sociedad civil organizada

Una sociedad civil organizada es una potencial sociedad movilizada. Y esta organización promueve y fortalece la democracia real. Desde Harresiak Apurtuz y las asociaciones de inmigrantes y entidades sociales del ámbito de la inmigración que la conforman, luchamos día a día para garantizar espacios de encuentro donde las personas puedan relacionarse, construir objetivos comunes y procurar las acciones que les permitan alcanzarlos.

Desde estos colectivos creemos que las y los políticos, quienes gobiernan esta Comunidad tendrían que continuar comprometidos en la promoción de estas iniciativas colectivas porque su acción redunda en el beneficio común.

En los últimos años las líneas subvencionales que apoyan los proyectos dirigidos a las personas inmigrantes y asiladas en situación más desfavorable, de promoción de la convivencia, de gestión de la diversidad, pluralismo religioso, de defensa de los DDHH o cualquier otro aspecto relacionado con las personas inmigrantes han sido reestructuradas, ha desaparecido o han sufrido un recorte presupuestario importante. Estos cambios están dificultando las actividad de multitud de organizaciones e incluso abocando a su desaparición a algunas de ellas.

Desde los movimientos sociales que vivimos día a día la situación de las personas inmigrantes y asiladas, que creemos que las políticas de apoyo e intervención son fundamentales para su correcta incorporación social y que podemos dar garantía de los esfuerzos realizados por estas personas para contribuir al desarrollo de Euskadi, solicitamos una mayor implicación y apuesta por el sector, de parte de las y los gobernantes. Las políticas de fortalecimiento asociativo deberían ser una más dentro de las vinculadas con la gestión de la diversidad; porque un movimiento social fuerte redunda en las personas y también en la gestión política.

Recuerda:

  • Reconocer a las organizaciones sociales como un mecanismo de articulación, expresión y participación ciudadana.
  • Asegurar su presencia en la elaboración y puesta en marcha de las políticas sociales y distintos espacios de gobernanza.
  • Promover su fortalecimiento y prosecución incorporando su mantenimiento en los presupuestos vinculados con el área.

 

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