En Defensa del Derecho de Asilo

2. En este contexto actual de construcción de un sistema europeo común de asilo, el Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Asilo. Esta reforma supone un retroceso en garantías y derechos hasta ahora reconocidos. Nos preocupa especialmente la devaluación del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la utilización de listas de ‘países seguros’ y la eliminación de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas, así como el incumplimiento de las garantías alcanzadas en la Ley de Igualdad respecto a la protección de las mujeres perseguidas por motivos de género.

3. A pesar del compromiso de participar por fin en los programas de reasentamiento de personas refugiadas de ACNUR con un cupo anual, este avance queda eclipsado por el retroceso global que supone el proyecto de Ley.

4. La legislación en materia de asilo sólo debe modificarse para fortalecer y ampliar sus garantías, asumiendo la solidaridad con las víctimas desplazadas y refugiadas ante los nuevos y complejos conflictos que golpean diariamente la vida de millones de personas en muchas regiones del planeta.

Ante esta situación, reivindicamos que:

1. El Estado español debe cumplir sus compromisos con las personas refugiadas, respetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones legales contraídas.

2. El asilo debe proteger sin paliativos al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y a las mujeres perseguidas por motivos de género, sometidas en muchos lugares del mundo a prácticas como el matrimonio forzoso, la ablación genital o la violencia machista. Además, la lucha en defensa de los derechos humanos de otras mujeres es un trabajo político invisibilizado y muchas veces perseguido.

3. El asilo debe proteger también a las personas extranjeras que son víctimas de trata, una práctica que sufren en el Estado español con especial gravedad las mujeres con fines de explotación sexual.

4. El Estado español debe poner freno a las políticas internacionales que generan desplazamientos forzosos y asumir su responsabilidad en la acogida de las personas que se ven obligadas a huir de sus países a consecuencia de dichas políticas.

5. Las enmiendas al proyecto de Ley realizadas por las organizaciones sociales deben ser tenidas en cuenta y debe llevarse a cabo la reflexión serena y el debate profundo que ha faltado hasta el momento.

6. Pedimos que durante la discusión y tramitación del proyecto de ley en el Parlamento, el Gobierno asuma los compromisos adquiridos durante el plazo de enmiendas y asegure que la nueva Ley respete la Convención de Ginebra de 1951, el artículo 13.4 de la Constitución y todas las obligaciones adquiridas por el estado español al adherirse a los instrumentos internacionales de protección del derecho de asilo y, en general, de los derechos humanos.

Asimismo, llamamos al conjunto de la sociedad a reafirmar los valores de solidaridad y respeto hacia las personas refugiadas y a trabajar por construir un mundo donde los derechos humanos no sean papel mojado para la inmensa mayoría de la humanidad. Exhortamos al conjunto de la sociedad a movilizarse en la defensa del derecho de asilo, cada día más amenazado, un derecho imprescindible en la construcción de la convivencia, la justicia y la paz.

Para sumarse al comunicado: prensaeuskadi@cear.es
 

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